Fue sancionada en Río Grande y obliga a análisis de residuos de agroquímicos. Un nuevo conflicto golpea las puertas del Mercosur. Los diputados de Río Grande del Sur aprobaron una ley que levanta en la frontera entre los países pesadas barreras contra el ingreso de productos agrícolas exportados por Argentina: son arroz, trigo, porotos, cebolla, cebada y avena, como también sus derivados. La norma prohíbe la comercialización, el estoqueo e incluso el tránsito de esos bienes, si
estos no pasan previamente por el análisis de residuos agroquímicos, como de principios activos usados en la industrialización.
Esta legislación fue aprobada sin el consenso del gobierno provincial y menos aún del nacional. El gobernador Germano Rigotto admitió que faltan recursos para realizar los exámenes previstos por esa ley. Esto, reconoció el mandatario, "convierte a la norma en un mecanismo destinado a bloquear la mayor parte de las importaciones que irán a acumularse en las fronteras".
Rigotto intentó frenar el proyecto en octubre del año pasado con un veto total, pero la Asamblea Legislativa rechazó el veto.
En el gobierno de Lula da Silva no dudan: "Esto va a provocar dificultades, absolutamente indeseadas, en la relación con los socios del Mercosur". Es lo que opinan en la cancillería brasileña. Muy asustada por las repercusiones negativas que puede tener el caso, Itamaraty emitió el viernes por la noche un comunicado donde expresa su alarma. Advirtió que los dispositivos de la norma "afectarán las exportaciones de nuestros socios del Mercosur" al impedir las ventas de arroz y otros productos agrícolas. Lo que más preocupó a la diplomacia brasileña es que justo podría ser Uruguay el país más afectado ya que es el principal proveedor externo de arroz al mercado brasileño.
La ley, que lleva el número 102/05, fue propuesta por el diputado estadual Jeronimo Goergen del ultra conservador Partido del Frente Liberal. La Asamblea Legislativa la aprobó el 25 de octubre. El gobernador Rigotto la vetó y el martes la Asamblea gaúcha rechazó el veto. Rigotto explicó que esta ley provincial contraría a la "Constitución nacional, la legislación federal y es una afrenta a normas contenidas en tratados y protocolos internacionales firmados por Brasil".
Pero como se está en un año electoral, autoridades y políticos brasileños prefieren actuar con cautela frente a situaciones de hecho. Esto explica el tono cuidadoso del comunicado de Itamaraty. Allí se subraya que "el Ministerio de Relaciones Exteriores es sensible a los problemas enfrentados por los productores de Río Grande del Sur". En ese contexto, ofrece "soluciones concertadas". Entre tanto, esa ley sigue su curso y creará serios problemas en las fronteras entre Brasil, Argentina y Uruguay.
Por Eleonora Gosman
Diario Clarín
