La legislación europea obliga a que los diferentes productos alimentarios lleven una etiqueta que proteja al consumidor y sus derechos. Se trata de que, en caso necesario, el consumidor sea capaz de conocer las condiciones de uso del producto, así como la identidad de su responsable. En este punto se debe señalar que la responsabilidad puede recaer en el fabricante, el distribuidor, el importador, el marquista o el vendedor.